El derecho de libre acceso a la información es uno de los principios recogidos en todo tratado de derechos fundamentales. El derecho de libre acceso a los documentos oficiales se siente necesario para la existencia de una democracia moderna. El derecho de libre acceso a la información es vital para la trasparencia de un régimen parlamentario, para evitar sus vicios y corrupciones, para fomentar la participación ciudadana. España sigue sin tener una ley que regule este derecho.
Es importante señalar que España es además, el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que aún no tiene una ley que regule este derecho. Y es que en nuestro país sólo existe una mínima referencia a este derecho en el artículo 37 de la ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones, la cual contempla un acceso a los Archivos y Registros, pero muy limitado.
Mientras que en otros países todos los ciudadanos tiene derecho a solicitar cualquier información a todas las administraciones o instituciones públicas, sin tener que dar explicación alguna, en España sólo se puede acceder a aquella información que atañe al interesado. Así se antoja muy difícil tener una democracia verdaderamente abierta y trasparente.
Es cierto que han existido promesas electorales de crear una ley que regule este derecho. Pero se han quedado en eso, palabras. Es vital la introducción de un reglamento que proteja este derecho, haciéndolo extensible a todos los poderes del estado, y que se muestre reconocido por todo tribunal español. Si no España no logrará modernizarse ni tener una democracia de garantías.
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